Persecución en el INTA de Milei: una investigadora que midió agroquímicos podría ser exonerada por hacer su trabajo
Virginia Aparicio coordinó en Argentina el proyecto europeo SPRINT, con fondos de la Unión Europea y aval del propio organismo. Hoy las autoridades que responden al gobierno nacional le arman un sumario que puede dejarla fuera del Estado de por vida. Mientras el Gobierno habla de motosierra y “libertad”, en el INTA se castiga a quien mide.
Veinte años midiendo, y ahora la quieren afuera
Virginia Aparicio es ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agrarias e investigadora del INTA y del Conicet. Hace más de veinte años trabaja en la Estación Experimental de Balcarce, donde se especializó en detectar residuos de agroquímicos en suelos, alimentos, animales y personas. Su primer trabajo sobre glifosato es de 2013.
Hoy describe su día a día con una frase que duele: «Parezco un poco leprosa en los pasillos del INTA». Sus colegas se alejan por miedo a correr la misma suerte. El apoyo, dice, le llega por WhatsApp, porque puertas adentro casi nadie se anima a mostrarse solidario.
Un proyecto aprobado por el propio INTA
En 2020 Aparicio fue coordinadora argentina de SPRINT, una iniciativa del programa europeo Horizon 2020. Buscaba rastrear 209 plaguicidas en distintas matrices de once países, y Argentina fue el único país no europeo incluido. Participaron 73 personas, entre habitantes urbanos, de pueblos y productores convencionales y agroecológicos.
Nada fue a escondidas. El proyecto nació de contactos institucionales, pasó por todas las instancias formales, tuvo el visto bueno del INTA y lo financió Europa, no el Estado argentino. La idea de la segunda etapa era útil para cualquier productor: usar los datos para trabajar con ellos y reducir exposiciones y gastos innecesarios en insumos. Esa etapa nunca se hizo en el país.
Cuando aparecieron los datos, cambió el clima
En 2023, cuando los resultados estuvieron disponibles, el INTA frenó la reunión en la que Aparicio iba a devolver la información a los participantes. En diciembre de ese año, ya con el cambio de gobierno encima, el organismo abandonó el proyecto. Los resultados se siguieron publicando afuera, en revistas científicas internacionales.
Aparicio contó que se detectaron plaguicidas en todas las matrices analizadas, algo que según ella pasa también en Italia, Países Bajos y España. Aclara que medir una sustancia no prueba un daño. Pero sin medir no se puede conocer el riesgo ni corregirlo. Ese es el punto: nadie se asusta de un dato salvo que le tema a lo que el dato pueda mostrar.
El sumario y la exoneración
Desde comienzos de 2025, ya bajo el gobierno de Javier Milei, Aparicio enfrenta un sumario administrativo. Su abogado, Mario Bolla, dice que le imputan ocho hechos, entre ellos un supuesto «grave perjuicio material» para la administración pública. La defensa lo rechaza y recuerda que el dinero del proyecto no salió de las arcas nacionales.
Según Bolla, otros investigados por su participación institucional recibieron propuestas de sanción mucho más leves. Para Aparicio se propondría la exoneración, la pena máxima del empleo público: perder el cargo e ir a la lista negra del Estado nacional. Todavía no fue notificada, pero ambos aseguran que la conducción del INTA, encabezada por Nicolás Bronzovich, ya la tiene decidida, y que casi no les dejaron defenderse. Si se confirma, irán a la Justicia.
El Gobierno que llegó prometiendo terminar con la “casta” y cuidar el dinero público persigue a quien trajo fondos europeos a un organismo público para producir conocimiento. Mientras tanto, el INTA sigue sufriendo un ajuste que lo vacía, y Aparicio trabaja con un cromatógrafo de hace veinte años sin usar el equipo nuevo que el propio organismo incorporó.
Lo que está en juego en Mendoza y Cuyo
El caso ocurre en Balcarce, pero el INTA es uno solo, con estaciones también en Mendoza y La Consulta, en el Valle de Uco. Los productores de vid, frutales, ajo y hortalizas de Cuyo dependen de su investigación y de su asistencia técnica. Muchos venden a mercados que cada vez exigen más controles de residuos.
Al productor mendocino no le sirve un organismo que esconde los datos: le sirve saber qué hay en su suelo y en su fruta, para producir mejor y no quedarse sin compradores. Un INTA que castiga a quien mide manda un mensaje a todos sus técnicos, también a los de Cuyo: mejor no preguntar.
Las acusaciones contra las autoridades provienen de Aparicio y su abogado, y el sumario todavía no se resolvió. Pero el que tiene que dar explicaciones es el Gobierno nacional.
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Fuentes: entrevista a Virginia Aparicio y Mario Bolla,
