La Unión Europea le pone fecha límite a la carne argentina: qué pasa con los productores de Cuyo
Desde el 30 de diciembre rige el Reglamento Antideforestación europeo y solo una fracción de los productores del país está en condiciones de cumplirlo, lo que amenaza con partir el mercado en dos
El negocio de exportación de carne vacuna argentina enfrenta una encrucijada que también toca de cerca a Mendoza y San Juan. Mientras Brasil pierde terreno como proveedor de la Unión Europea, la Argentina se juega la posibilidad de capitalizar ese espacio, pero antes debe sortear un obstáculo que hoy tiene en vilo a buena parte de la cadena: el Reglamento Antideforestación de la UE, que exige certificar que la hacienda no proviene de tierras deforestadas.
Un universo de productores que llega tarde
El dato preocupa por su magnitud. Sobre unos 250.000 productores agropecuarios en todo el país —a los que se suman feedlots y frigoríficos— apenas 12.000 operadores están hoy adheridos a los sistemas de trazabilidad que exige Europa. Miguel Jairala, del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), advirtió que buena parte de la cadena todavía no está en condiciones de suministrar la información que piden los importadores europeos.
Para los productores ganaderos del sur y el este mendocino —Malargüe, San Rafael, General Alvear, La Paz— y para los sistemas de cría de San Juan, la noticia no es un dato lejano de la Pampa Húmeda. La ganadería cuyana, más chica y más informal en varios tramos de la cadena, corre el riesgo de quedar directamente afuera de este esquema si no acelera los tiempos de registro y certificación satelital de sus campos.
El mercado se parte en dos
Según explicó Gerardo Leotta, investigador del CONICET y asesor del Consorcio ABC, compradores de Alemania, Italia, España y Países Bajos ya exigen esta información como condición comercial, presionados por multas que pueden alcanzar el 4% de la facturación anual de las empresas importadoras. El resultado previsible es un mercado escindido: hacienda “apta” para la UE, con mejores precios, y hacienda “no apta”, relegada a otros destinos o al consumo interno.
Esa brecha de precios entre novillos certificados y no certificados es la que más debería preocupar a los productores de Cuyo, muchos de los cuales operan con escala reducida y menor acceso a asesoramiento técnico para completar el proceso de trazabilidad a tiempo.
El cuello de botella: octubre es el límite
El problema no es solo la falta de registro. Leotta reconoció que el verdadero atolladero está en el análisis de las imágenes satelitales por lote de RENSPA, que permiten verificar que no hubo deforestación en los establecimientos. Los plazos son estrictos: las imágenes de 2026 deben estar procesadas en octubre, ya que la hacienda que se faene desde fines de ese mes y noviembre es la que integrará los embarques bajo las nuevas reglas.
Mientras el Gobierno nacional discute la agenda de desregulación para el agro, la falta de una estrategia activa de acompañamiento a los productores más chicos —los que menos margen tienen para absorber demoras burocráticas— deja una vez más a las economías regionales corriendo de atrás frente a exigencias que se definen en Bruselas.
Qué pueden hacer los productores ahora
Leotta fue claro: todavía se puede registrar a los productores, pero cuanto antes se avance en la carga de datos y la verificación satelital, menor el riesgo de quedar fuera del circuito exportador. Las plataformas disponibles —como VISEC Carne, impulsada por el IPCVA y el Consorcio ABC— son la vía de acceso a la certificación.
Quienes logren acreditar el cumplimiento tendrán una ventaja comercial concreta: sus animales podrán destinarse a los frigoríficos exportadores a la UE, incluso por sobre productores que cumplen con todos los requisitos sanitarios y las cuotas Hilton o 481 pero no cuentan con el respaldo de trazabilidad ambiental.
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