Brasil le saca ventaja a la Argentina en biocombustibles de aviación: mientras Lula reglamenta su programa, la ley nacional sigue cajoneada en el Senado
El decreto firmado por el presidente brasileño fija metas obligatorias de reducción de emisiones para las aerolíneas hasta 2037. En el Congreso argentino, el proyecto que actualizaría la legislación no logra tratamiento, mientras Cuyo mira con atención el potencial de sus propios subproductos agrícolas para sumarse a la bioenergía.
Brasil volvió a marcar la cancha en materia de biocombustibles. Esta semana, el presidente Lula Da Silva firmó el decreto que reglamenta el Programa Nacional de Combustible Sustentable de Aviación (ProBioQAV), parte de la Ley del Combustible del Futuro. La norma no impone un corte fijo de SAF (combustible sostenible de aviación) sobre el kerosene tradicional, sino metas graduales de reducción de emisiones: arranca en 1% desde 2027 y escala hasta 10% en 2037, con cada aerolínea definiendo cómo llega a ese objetivo.
Las cifras que maneja el gobierno brasileño son elocuentes: se espera una producción de SAF de 2.100 millones de litros anuales para 2030, que treparía a 3.600 millones en 2035, con inversiones proyectadas por 39.000 millones de reales hasta 2033 y un aporte de 13.000 millones de reales al PIB.
Para el agro, el dato central es que Brasil habilita múltiples materias primas para producir ese combustible: aceites vegetales —soja, macaúba—, grasas animales, etanol de caña o maíz, residuos agrícolas y forestales, e incluso combustibles sintéticos. Es decir, abre una demanda nueva y obligatoria para toda la cadena agroindustrial.
La bronca del campo argentino
La comparación con la Argentina no tardó en llegar. Desde CIARA-CEC, la cámara que agrupa a los principales agroexportadores, salieron a marcar la distancia: “Brasil avanza en los biocombustibles de uso civil y marítimo mientras nuestro país se queda en el banco de suplentes”, cuestionaron.
Gustavo Idigoras, presidente de la entidad, fue más filoso todavía: acá seguimos rigiéndonos por una ley que calificó de “estilo soviético”, mientras el proyecto que debería actualizarla duerme en el Senado sin interés legislativo real en tratarse. Para el sector, la ecuación es simple —generar bioenergía a partir de materia prima agrícola de calidad, con reglas claras y libre competencia— pero el Estado nacional no termina de dar el paso.
¿Y Cuyo, dónde queda?
La región no tiene la escala sojera del centro del país, pero sí un volumen enorme de subproductos que hoy prácticamente no se aprovechan: orujo y escobajo de la vendimia, poda de vid y de frutales, residuos de la industria del tomate y del ajo. Es materia prima que, con una ley moderna y previsibilidad de inversión, podría transformarse en valor agregado real para las economías regionales de Mendoza y San Juan, en lugar de terminar quemada o descartada.
El contraste con Brasil no es solo tecnológico: es de decisión política. Mientras allá el Estado arma el marco regulatorio y le pone fecha a cada meta, acá el debate ni siquiera logra instalarse en la agenda legislativa. Para los productores cuyanos, que ya vienen golpeados por la brecha entre lo que pagan de insumos y lo que cobran por sus productos, la bioenergía es una oportunidad más que se escapa por falta de previsibilidad.
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