Lo que hay que aprender de China Pena de muerte por corrupción en China: el contraste con una Argentina donde la impunidad es la regla

Pena de muerte por corrupción en China: el contraste con una Argentina donde la impunidad es la regla

Un tribunal chino condenó a un exfuncionario por sobornos acumulados en treinta años, mientras en Argentina y Mendoza los casos de corrupción rara vez terminan en una condena firme

Un tribunal del este de China condenó a muerte a Yang Youlin, un exfuncionario municipal de Nankín, por aceptar más de 2.200 millones de yuanes —unos US$325 millones— en sobornos durante tres décadas en distintos cargos públicos. El hombre, que ocupó puestos clave en el área de desarrollo económico y tecnológico de la ciudad entre 1993 y 2023, usó su posición para facilitar contratos de ingeniería, transferencias de tierras y financiamiento a cambio de dinero y favores. Además de la pena capital, fue declarado culpable de malversación de fondos, abuso de poder y blanqueo de capitales.

El caso se enmarca en la cruzada anticorrupción que impulsa Xi Jinping desde que llegó al poder, una política que —según sus propios críticos— también funciona como herramienta para disciplinar rivales internos, pero que en los hechos exhibe algo que en Argentina resulta casi exótico: la capacidad de sancionar con dureza real el mal uso de fondos públicos. Las condenas a muerte por delitos de “cuello blanco” siguen siendo poco frecuentes incluso en China, reservadas a montos superiores a los 1.000 millones de yuanes, pero existen, y se ejecutan. Basta recordar el caso del exjefe de finanzas Lai Xiaomin, ejecutado en 2021 por sobornos equivalentes a US$265 millones.

La otra cara: impunidad como sistema

En Argentina, y particularmente en Mendoza, la ecuación es prácticamente inversa. Las causas de corrupción que involucran a funcionarios públicos —nacionales, provinciales o municipales— avanzan a paso de tortuga por tribunales colapsados, prescriben antes de llegar a juicio, o terminan en absoluciones por falta de pruebas cuando las pruebas nunca se buscaron con la energía necesaria. No hace falta ir muy lejos en la memoria reciente del país para encontrar sobreprecios en obra pública, direccionamiento de licitaciones o uso irregular de fondos que nunca tuvieron una consecuencia proporcional al daño causado.

No se trata de reclamar penas capitales —la Argentina no las tiene, ni debería tenerlas, y el sistema chino combina esa dureza con un uso claramente autoritario y político de la justicia—. Se trata de señalar una asimetría más profunda: la diferencia entre un Estado que, aunque sea de manera selectiva y con fines propios, demuestra que puede castigar con severidad a quien abusa de un cargo público, y un Estado donde la corrupción se normalizó al punto de dejar de ser noticia, salvo cuando conviene políticamente instalarla.

El costo para los productores

Esa impunidad no es un problema abstracto de tribunales porteños. Tiene consecuencias muy concretas para los productores de Mendoza y Cuyo, que ven cómo recursos que deberían destinarse a infraestructura rural, riego, caminos productivos o apoyo técnico terminan desviados, mal administrados o simplemente sin rendición de cuentas, mientras el sector carga con el ajuste, la presión impositiva y la falta de previsibilidad. Cuando no existe un costo real para quien administra mal o directamente se apropia de fondos públicos, el mensaje que queda es que la corrupción sale gratis, y ese costo termina, tarde o temprano, trasladado a quienes producen.

Un espejo incómodo

El caso de Yang Youlin no debería leerse como un modelo a imitar —ningún sistema que combine pena de muerte con persecución política merece ese lugar—, sino como un espejo incómodo. Si un régimen autoritario logra, aunque sea de manera funcional a sus propios intereses, aplicar consecuencias severas a la corrupción, la pregunta que queda pendiente en Argentina es por qué acá ni siquiera las consecuencias moderadas terminan llegando.

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Fuentes: