Mientras Córdoba avanza hacia la prohibición de razas peligrosas, en Mendoza los perros sueltos siguen sin control: piden que vuelvan las perreras municipales
Un legislador radical cordobés presentó un proyecto para vedar definitivamente la tenencia de perros potencialmente peligrosos tras la muerte de dos niños pequeños. En Mendoza, el problema tiene otra cara: jaurías sueltas en fincas y barrios que ya provocaron ataques graves a chicos, una ley de 2007 que nunca se reglamentó, y el reclamo creciente de vecinos y productores para que el Estado recupere el control que perdió cuando se eliminaron las perreras municipales.
En Córdoba, el legislador de la UCR Dante Rossi presentó la semana pasada un proyecto para prohibir de manera definitiva la tenencia, cría, cesión, publicidad y adquisición de perros potencialmente peligrosos, después de que dos nenes de dos y tres años murieran en ataques recientes. Rossi apuntó contra la falta de control estatal: solo hay 2.000 perros potencialmente peligrosos inscriptos en el registro provincial, mientras el resto circula sin fiscalización efectiva. Y recordó que ninguna provincia argentina prohíbe estas razas, a diferencia de Irlanda, Reino Unido, Alemania y Francia.
Mendoza, un problema que crece en silencio
La discusión cordobesa golpea de lleno en Mendoza, donde la situación con los perros sueltos —de dueño o sin él— viene generando ataques cada vez más graves, muchos de ellos a chicos en zonas rurales y periurbanas. En 2023, un nene de 5 años fue atacado por una jauría en una finca del carril Moyano, sufrió mordeduras graves y terminó operado en el Hospital Notti; los vecinos denunciaron que esos perros ya tenían fama de agresivos y que nadie había actuado antes del ataque.
El caso no es aislado. Un relevamiento del CONICET y el IADIZA detectó más de 4.800 perros de vida libre solo en el Gran Mendoza, con riesgos que van desde ataques o persecuciones a personas hasta accidentes de tránsito con autos y bicicletas, y la transmisión de enfermedades. Buena parte de esa población no es estrictamente “callejera”: son perros con dueño que deambulan sueltos por calles, banquinas y fincas sin ningún control. El Sol Mendoza
La ley que nunca se reglamentó
A diferencia de Córdoba, Mendoza sí tiene una ley específica sobre perros potencialmente peligrosos —sancionada en 2006, publicada en 2007— pero que casi diecisiete años después sigue sin aplicarse. Especialistas consultados por medios locales señalan además que la norma está mal redactada y desactualizada: no todas las razas que menciona existen en el país, y hay perros más chicos, no incluidos en el listado, capaces de causar heridas igual de graves.
El vacío de control tiene un correlato institucional concreto: cuando Mendoza se declaró provincia “no eutanásica”, se eliminaron las antiguas perreras municipales, que durante décadas funcionaron como el mecanismo de captura y contención de animales sueltos. La medida buscó terminar con las eutanasias masivas, pero en la práctica dejó a los municipios sin una herramienta operativa para sacar de la calle a los perros que ya generaron ataques o que circulan sin dueño identificable. Unidiversidad
El reclamo de productores y vecinos rurales
Para el sector agropecuario, el problema tiene una dimensión adicional: jaurías sueltas en fincas y zonas rurales no solo representan un riesgo para los chicos que juegan en la calle o entran a un predio, sino también para el ganado menor, las aves de granja y los propios trabajadores rurales. La falta de un registro efectivo de perros potencialmente peligrosos y la ausencia de un organismo municipal que retire animales agresivos de circulación dejan al productor prácticamente solo frente a estas situaciones, dependiendo de denuncias policiales que muchas veces llegan tarde.
El reclamo que empieza a instalarse entre vecinos y productores mendocinos apunta en una dirección concreta: recuperar alguna forma de control municipal sobre los perros sueltos —no necesariamente bajo el viejo modelo de eutanasia masiva, pero sí con capacidad real de captura, identificación de dueños y sanción efectiva— antes de que Mendoza tenga que lamentar una tragedia como las que motivaron el proyecto de ley en Córdoba.
