En una de las semanas más tensas para la política ambiental argentina, el diputado nacional Martín Aveiro analiza en profundidad la reforma de la Ley de Glaciares. Con el telón de fondo de 102.000 ciudadanos inscriptos para las audiencias públicas—, el legislador mendocino advierte sobre el desmantelamiento del sistema de protección que sostiene la agricultura de oasis y la vida misma en el oeste argentino.

Pregunta: Diputado, estamos ante una cifra de participación ciudadana sin precedentes. ¿Qué lectura hace de estos 102.000 inscriptos para debatir la Ley de Glaciares?

Martín Aveiro: Es un hecho histórico que desbordó cualquier previsión del oficialismo. La gente ha entendido que lo que está en juego no es un “trámite administrativo”, sino el acceso al agua. Esta enorme participación es la respuesta a lo que consideramos una “trampa” en la organización de las audiencias, donde intentaron limitar la oralidad y reemplazar las exposiciones por escritos o videos que nadie leería. La ciudadanía salió a decir que la Ley de Glaciares no se toca porque, si nos sacan el agua, no hay vida; así de simple y de crudo.

P: Usted ha señalado que el punto más crítico de la reforma es la delegación de facultades a las provincias. ¿Por qué esto representa un peligro, siendo que las provincias tienen el dominio originario de sus recursos?

MA: El problema no es la potestad provincial en sí, que está reconocida por la Constitución, sino la forma en que se la otorga en este proyecto. Se le da a la provincia la facultad de decidir prácticamente qué glaciar retirar del inventario nacional que hoy realiza el IANIGLA. Esto es gravísimo. Se pretende que la ciencia deje de ser el árbitro objetivo para que la protección sea una decisión política y económica. Cualquier gobernador bajo presión de inversiones mineras podría desafectar cuerpos de hielo estratégicos con un simple informe local, eliminando las prohibiciones que hoy garantizan la integridad de nuestras cuencas.

P: En sus declaraciones, usted menciona que la planificación hídrica para el productor se ha vuelto “de la diaria”. ¿Cómo afecta esto específicamente al Valle de Uco y al sector frutihortícola?

MA: Estamos en un escenario de crisis estructural. Mendoza atraviesa un periodo de 15 años de escasez hídrica sistemática. El cambio climático ya no es una amenaza futura, es una realidad que nos obliga a una planificación cada vez más chiquita, menor, de la diaria, porque el clima cambia todos los años y no permite previsibilidad. Esto golpea directamente al sector hortícola y frutícola. El pequeño productor no puede invertir en pozos profundos o tecnología de punta si no sabe si tendrá agua en el canal la semana que viene. Si encima de esta crisis climática le quitamos la protección a los glaciares de escombros —esas reservas “invisibles” que nos sostienen en años secos—, estamos destruyendo la matriz productiva de Mendoza y de todo el oeste argentino.

P: Existe un fuerte debate sobre los “glaciares de escombros inactivos”. El oficialismo busca dejarlos fuera de la protección. ¿Cuál es su postura técnica al respecto?

MA: Es una distinción arbitraria que carece de sustento científico sólido. Un glaciar de escombros puede estar “inactivo” en términos de movimiento, pero sigue teniendo un corazón de hielo que actúa como reserva sólida de agua. Además, estos cuerpos están intercalados en la montaña; no podés “volar” uno inactivo sin afectar el sistema hidrológico completo de la cuenca. La ley actual protege el sistema integral porque entiende que los glaciares son órganos vitales de una cuenca hídrica. Retirarlos del inventario es permitir que se destruyan con explosivos para extraer minerales, generando un daño que es irreversible.

P: ¿Qué sucede con los acuíferos y las aguas subterráneas en este nuevo esquema legal?

MA: Ese es otro punto donde la reforma guarda un silencio peligroso. El proyecto no nombra en ningún momento quién debería hacer el análisis técnico-ambiental para asegurar que no se afecten las zonas periglaciares o los acuíferos. Al flexibilizar la protección en las nacientes, se pone en riesgo la recarga de las aguas subterráneas y los canales de riego que luego abastecen no solo a las fincas, sino al consumo humano. No estamos hablando de un hobby o de un sector aislado; estamos hablando de la salud y la supervivencia de poblaciones enteras.

P: Ante la media sanción que ya tiene el proyecto en el Senado, ¿cuál será la estrategia de su bloque en Diputados para los próximos días?

MA: Vamos a dar una batalla frontal basada en fundamentos técnicos y en el respeto al Principio de No Regresión Ambiental. Ya hemos presentado medidas cautelares para garantizar que las audiencias sean orales y efectivas, porque no vamos a permitir que se silencie a los expertos del IANIGLA ni a las asambleas por el agua. Quieren un “agronegocio” y una minería extractivista que solo ve la montaña como renta, pero nosotros defendemos el agua como el capital estratégico del siglo XXI. Nuestra responsabilidad es con las futuras generaciones: el agua de los glaciares es inembargable e inalienable, y así la vamos a defender en cada rincón de la patria.

Datos clave de la crisis hídrica en la región (Marzo 2026):

• Pérdida de capital hídrico: Mendoza ha perdido el 36% de su superficie glaciar en los últimos 40 años, un volumen equivalente a cuatro veces el embalse Potrerillos.
• Aporte vital: En años de sequía extrema, el aporte de los glaciares y el ambiente periglacial puede representar entre el 25% y el 50% del caudal total de los ríos cordilleranos.
• Impacto productivo: La falta de agua está acelerando la desaparición de pequeñas fincas familiares frente a grandes explotaciones con capacidad de inversión en infraestructura hídrica privada.