De la libertad al auxilio estatal: El dilema de los frigoríficos para no chocar el negocio con China

Por Redacción MercadoCampo | 30 de enero, 2026

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Los exportadores de carne, desde los grandes frigoríficos hasta los consorcios de productores, han sido históricamente uno de los sectores donde la intervención del Estado generó daños más profundos. Basta con traer a la memoria los cierres y cupos de exportación impuestos por Guillermo Moreno entre 2007 y 2013, o las trabas más cercanas del gobierno de Alberto Fernández entre 2021 y 2023. En ambos periodos pudieron ganar unos pocos, pero la cadena ganadera resultó severamente perjudicada, al punto de mantener la producción estancada desde hace cuatro décadas.

Durante años, la actividad reclamó libertad absoluta para producir y comercializar carne vacuna sin restricciones. Ese reclamo finalmente fue escuchado: el gobierno de Javier Milei desmanteló toda regulación ni bien asumió. Los cupos desaparecieron, se eliminaron las DJEC de la ex ONCCA y hasta se borró el peso mínimo de faena. Solo sobrevive una extraña retención del 5% por género (paga el macho, la hembra no). Para el sector, este escenario debería representar la panacea.

En este marco, la Secretaría de Agricultura destacó hoy que “en 2025 Argentina alcanzó un récord de exportaciones de carne bovina en divisas”, con ventas por 3.700 millones de dólares, un 22,3% más que el año previo, tras enviar 853.183 toneladas equivalente res con hueso. Los precios internacionales acompañaron con una suba del 30%. De ese total, unas 500 mil toneladas tuvieron como destino el mercado chino. El año cerró con una leve caída del 7% en volumen pero con un salto notable en la facturación gracias a la demanda global.

La gran curiosidad es que, lejos de celebrar este clima de libertades, la cadena vive días de zozobra desde que China anunció —horas antes del cierre de año— los resultados de una investigación por daño a su producción local. El veredicto fue la imposición de salvaguardias: cupos para todos sus proveedores por los próximos tres años. Si un país excede su cuota, se le aplicará un arancel prohibitivo del 55%. El sistema rige desde el 1° de enero y para Argentina el límite es de 511 mil toneladas anuales, sin distinguir calidad o cortes.

Inicialmente, la industria local festejó. Argentina fue el país menos castigado con un cupo muy similar a las 500 mil toneladas vendidas en 2025. El límite quedó apenas 11.307 toneladas por debajo de lo exportado el año pasado. A diferencia de Brasil (que deberá recortar 500 mil toneladas) o Australia, Argentina no tendría que reducir sus embarques de forma drástica.

Sin embargo, con el paso de los días, el festejo se transformó en un severo dolor de cabeza. La existencia de un techo implica que el país debe coordinar sus embarques para evitar un colapso: si se abarrota el mercado chino a principios de año, los precios allá caerían en picada, mientras que aquí la competencia por la hacienda dispararía los costos internos. Es el temido “efecto Puerta 12”, donde el amontonamiento termina dejando víctimas en el camino.

Los empresarios esperaban que el Estado asumiera el riesgo distribuyendo el negocio, tal como ocurre con la Cuota Hilton o la Cuota Americana. Pero China no otorgó una “concesión”, sino un “castigo” comercial en defensa propia. Por eso, el mensaje de Beijing fue claro: los Estados no deben intervenir. A China solo le importa que no entren más de 511 mil toneladas desde Argentina en todo 2026.

Esa es la postura que Agricultura, conducida por Sergio Iraeta, transmitió a los frigoríficos del Consorcio ABC. El sistema será de “no intervención”: primero llegado, primero servido. Lejos de calmar las aguas, esto exacerbó los temores. Existe el riesgo de que empresas “vivas” se corten solas para aprovechar los precios actuales o que las “miedosas” adelanten embarques por temor a quedarse sin cupo. Dada la falta de disciplina histórica en el sector, el escenario triunfal podría volverse una tragedia.

Curiosamente, las entidades de productores no han mostrado gran interés, pese a que los criadores podrían ser los más afectados, ya que China es el destino clave para colocar las vacas viejas a buenos valores. Por otro lado, un grupo de frigoríficos líderes —que suele sacar provecho de cualquier escenario, incluso de las prohibiciones pasadas— mantiene un intenso debate interno. La mayoría pide ahora que el Estado intervenga decididamente para repartir esas 511.000 toneladas.

La complejidad radica en que, mientras en otros cupos participan 35 plantas, a China exportaron casi 100 empresas en 2025. Solo 40 tienen planta propia; el resto son grupos de productores o intermediarios que alquilan servicios. Los frigoríficos habilitados manejan 440 mil de las 500 mil toneladas totales, pero nadie quiere quedar fuera del reparto.

Empresas como Swift, Rioplatense, Arre Beef, Gorina, Quikfood y el Grupo Lequio explican por sí solas más de 200 mil toneladas. Detrás viene un lote de socios de ABC como Coto, La Anónima o Cresud. En las últimas reuniones no hubo consenso. Una propuesta fue pedir a Agricultura que reparta el cupo solo entre plantas con habilitación sanitaria, lo que beneficiaría a los grandes pero dejaría unos 60 “heridos” comerciales, generando un cisma y posibles recursos de amparo por ser una medida potencialmente inconstitucional.

Otra opción es fijar máximos basados en las ventas del año pasado, aunque eso cerraría la puerta a nuevos jugadores. Aún no hay solución clara. Lo único concreto es que la cadena cárnica, en su momento de mayor libertad, está “pidiendo la escupidera” y busca que el Gobierno ordene lo que ellos mismos no logran administrar